El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia histórica que afecta al Impuesto sobre Hidrocarburos en España. Según la decisión del 30 de mayo de 2024, el tramo autonómico de este impuesto, que se aplicó entre los años 2013 y 2018, ha sido declarado contrario al Derecho de la Unión Europea. Esta sentencia responde a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español y tiene implicaciones significativas para la legislación fiscal española y para los contribuyentes que pagaron este impuesto durante el período mencionado.
La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, establece el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad. Según el TJUE, el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos carecía de base legal en el artículo 5 de esta Directiva, ya que no se contempla la aplicación de tipos diferenciados en función de las distintas regiones de un mismo Estado miembro. La sentencia subraya que cualquier margen de maniobra que se reconozca a los Estados miembros está condicionado al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Directiva.
Esta decisión podría dar lugar a devoluciones de impuestos por un importe muy significativo. Se estima que la recaudación del tramo autonómico del impuesto durante los años en cuestión ascendió a una cifra considerable, y ahora Hacienda podría verse obligada a devolver hasta 6.500 millones de euros. Este fallo no solo tiene repercusiones económicas, sino que también pone de manifiesto la importancia de la conformidad de las legislaciones nacionales con el Derecho de la UE.
El caso fue elevado al TJUE por el Tribunal Supremo y enfrentaba a la compañía DISA con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a causa de unas solicitudes de devolución de ingresos tributarios correspondientes al tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos. La sentencia del TJUE es un recordatorio de que las medidas fiscales adoptadas por los Estados miembros deben estar en línea con los principios y normativas de la Unión Europea.
Este acontecimiento es un claro ejemplo de la interacción entre el Derecho nacional y el comunitario, y cómo las decisiones de los tribunales europeos pueden influir directamente en las políticas fiscales de los Estados miembros. Además, refleja la continua evolución del marco legal europeo y su impacto en la soberanía fiscal de los países miembros. La sentencia del TJUE no solo afecta a España, sino que también sirve como precedente para otros Estados miembros de la UE, reafirmando la primacía del Derecho comunitario sobre las legislaciones nacionales en materia de imposición indirecta.
